El debate sobre como acelerar las causas por delitos de lesa humanidad
Los abogados que intervienen en casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura coinciden en la necesidad de un plan para agilizar los juicios y proteger a los testigos.
Imagen: Compay
Christian von Wernich fue condenado a perpetua en 2007 por delitos cometidos en el marco de un genocidio.
Por Adriana Meyer
En el camino hacia la obtención de justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura sigue habiendo escollos. Esta inquietud es compartida por el Gobierno y los organismos de derechos humanos que son querellantes en estos procesos. “Hubo un plan para remover los obstáculos que impedían los juicios, es decir las leyes de impunidad, pero no hubo un plan para los juicios”, dijo a Página/12 Gastón Chillier, director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La semana pasada se conocieron las directivas del procurador general Esteban Righi para que los fiscales aceleraran las causas hacia los juicios orales y un proyecto de ley del camarista platense Carlos Rozanski para reducir los tiempos del juzgamiento de estos delitos y para proteger a los testigos. Una vez declarada en 2005 la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, se reactivaron los juicios iniciados hace dos o tres décadas y se abrieron nuevos expedientes, con casi mil represores acusados. Pero este proceso tiene un ritmo demasiado lento. Además, los tiempos no son el único problema. El 18 de septiembre de 2006 desapareció Jorge Julio López, uno de los testigos que contribuyó a la condena del represor Miguel Etchecolatz. El 10 de diciembre de 2007 fue encontrado envenenado con cianuro el represor Héctor Febres, a pocos días de su condena por los delitos que cometió en la ESMA. El 25 de febrero apareció con un tiro en la cabeza el teniente Paul Navone, el mismo día en que iba a ser indagado por sustracción de bebés en el Hospital Militar de Paraná.
“Se están muriendo sin decirnos la verdad”, sintetizó el abogado de derechos humanos Alejo Ramos Padilla. El juez Rozanski calculó que cien años es lo que llevaría terminar los juicios sólo de los casos ocurridos en La Plata. Este magistrado dejó su plan en manos de un ministro del Poder Ejecutivo hace un par de meses.
Cuando la ausencia de López se hizo permanente, el CELS produjo un documento con algunas iniciativas ya puestas en práctica por el Gobierno. En su diagnóstico mencionó la necesidad de agrupar los juicios, de una política de protección de testigos, de resolver el tema de los recursos dilatorios e identificaron a la Cámara de Casación como “el embudo” que, junto con la falta de designación de jueces y fiscales, frena los juicios. “Los organismos del Estado habían hecho lo suyo para remover los obstáculos de impunidad, pero ninguno estaba preparado para los juicios”, dijo Chillier. Y recordó que también estaba la propuesta del programa Verdad y Justicia, que se creó con el nombramiento de Marcelo Saín, aunque destacó que “faltó apoyo con recursos y todavía debe ser fortalecido”.
Agrupar y acelerar
El procurador Righi instruyó a los fiscales de todo el país para que pidieran la elevación a juicio aun con recursos pendientes en la Corte o en Casación, que priorizaran el impulso de expedientes con la mayor cantidad de casos, controlaran los tiempos de los procesos y procuraran que los jueces rechazaran los planteos dilatorios. La propuesta de Rozanski consiste en agrupar las causas por centro clandestino a través de una modificación del Código Procesal Penal. El CELS coincide en la necesidad de ordenar los juicios, actualmente atomizados, por centro de detención, aunque sin armar megacausas porque llevan demasiado tiempo. Pero entiende que no es necesaria una ley especial, que la Corte podría hacerlo con una acordada que diera criterios ordenadores, “sin violar el principio del juez natural, bajo el principio del plazo razonable de proceso como garantía para víctimas e imputados... Si no, lo que está pasando es que a los imputados o los matan o se suicidan o se mueren por causas naturales, y las víctimas también”. Respecto de la resolución de Righi, Chillier dijo que “está bien orientada, aunque hubiera sido deseable que surgiera inmediatamente después del diagnóstico hecho en agosto”.
Con otra mirada, Myriam Bregman, de Justicia Ya! consideró que “en Argentina no se cometieron delitos aislados que deben ser `acumulados’, hubo un plan de exterminio que debe ser juzgado como tal, todos los genocidas por todos los compañeros”. La abogada se preguntó “¿por qué los fiscales no piden que se indague a todos los represores de una sola vez, por todos los delitos y todos los casos?”. Para que sea posible, Bregman sugirió que se pidieran los listados de personal que reportó en cada centro clandestino para llamarlos a declarar porque no se puede creer que “992 personas hayan sostenido 500 centros de detención”. Y cuestionó que “a más de 4 años de anuladas las leyes de impunidad el procurador instruye medidas que hoy ya existen, como la elevación con recursos pendientes”. A su criterio, los fiscales “sencillamente deberían oponerse a que se eleven causas atomizadas”.
En coincidencia con Chillier, el abogado Ramos Padilla estimó que las propuestas deben recurrir “a las propias reglas y principios procesales vigentes”, tales como la aplicación de los principios de conexidad y unificación y los de celeridad y concentración de los actos procesales. “No es que carezcan de herramientas jurídicas para avanzar en estos juicios, aun cuando puedan ser mejoradas, sino que éstas fueron desfiguradas en poco tiempo por la propia burocracia judicial”.
El abogado Luciano Hazán aseguró que “Abuelas de Plaza de Mayo celebra las iniciativas anunciadas por el Poder Ejecutivo y la Procuración”, en especial la que da impulso a la oralización de los recursos, para evitar que funcionen como “herramientas de dilación”. Para Ana Oberlin, de HIJOS, la idea de agrupar las causas “ya se está haciendo en Rosario, y es un buen criterio aunque no genera necesariamente celeridad”. Según la letrada, no sólo los jueces deben resolver más rápido sino también las cámaras de Apelaciones. Y consideró positivas las medidas de la Procuración porque “la instrucción de los casos no debería paralizarse cuando hay recursos pendientes, ya que se puede trabajar con fotocopias”.
Rodolfo Yanzón, abogado de la Fundación LADH, dijo que, más allá de las directivas de Righi, “la Corte tiene que intervenir para que haya un tribunal oral por cada megacausa, para que los jueces eleven a juicio a la mayor brevedad, para que cada tribunal oral cuente con los recursos y personal suficientes, y para que todos los planteos presentados indefinidamente por las defensas sean resueltos al momento de dictarse la sentencia definitiva, es decir, luego del juicio oral”.
Para evitar que las víctimas revivan los tormentos que padecieron con sucesivas y reiteradas declaraciones, Rozanski propuso que sean válidos los testimonios incorporados por lectura en los juicios orales. Oberlin se manifestó de acuerdo, pero advirtió que esto “choca con el derecho de la defensa de controlar la prueba y poder preguntarles”. Igual destacó que es bueno que declaren por el “impacto social” que generan al hablar, y concluyó que “si hay más condenados es una forma de cuidar a los testigos”. Para Yanzón, esta medida “es un punto favorable pero no el único”, y lamentó que “en relación con los testigos aún nada se ha hecho”. Este abogado reclamó un cambio de política respecto de las Fuerzas Armadas, porque “quedó demostrado que asisten y ejercen control sobre cada uno de los imputados”. Bregman dijo que “es elemental que se contenga a los testigos, pero con el 95 por ciento de los genocidas en libertad difícilmente se sientan muy seguros”. Desde el CELS, Chillier opinó que las declaraciones incorporadas por lectura “están bien”, pero reiteró que no creen conveniente “hacer reformas legales que especialmente regulen estos juicios porque eso pone en riesgo la legitimidad del proceso”. Este diario le preguntó si no ameritaban algún grado de excepcionalidad estos hechos: “El problema es que ninguno de los actores del poder tomó nota que había que tratar estos casos como especiales, nunca pensaron una estrategia de política criminal acorde al juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, y le dieron un trámite por inercia –respondió Chillier–... Es urgente que el Estado se ponga a la altura de las circunstancias, que la voluntad política se transforme en medidas eficaces”.
Página 12
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